EL PROJECTE ORIOL

El Projecte Oriol neix el 5 de gener de 2012 com a resposta social a:

1.- Donar una resposta econòmicament viable a persones amb un grau de discapacitat psíquica que precisin d'un suport intermitent o limitat per a les seves AVD (Activitats de la Vida Diària).

2.- Proporcionar una manera de guanyar-se la vida a persones que per la raó que sigui poden prestar el servei que se'ls hi demana.

En sí el Projecte Oriol consisteix en una oferta (cartera) de llars de convivència on puguin conviure-hi 1 o 2 persones amb els titulars de la mateixa a través d'un contracte de convivència que inclou una sèrie de funcions de cuidador. Dites llars es troben supervisades i assistides en matèria d'assistència psiquiàtrica i social pel Gabinet del Dr. Peris.

PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE PLACES o EL PROJECTE: 93-125.15.02 - 93-008.31.49 - gabinetperis@gmail.com

domingo, 16 de septiembre de 2012

REFLEXIONES SOBRE LOS RECORTES

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¿Por qué el Estado entiende que los derechos más elementales de los discapacitados físicos, mentales o intelectuales (sin contar la tercera edad) forman parte de un lujo en el hipotético estado del bienestar?

Yo vengo del campo de la psiquiatría pero he trabajado durante muchos años en servicios asistenciales que dependen de servicios sociales; así que algo podré opinar en relación a ello.

Cuesta creer que una PNC otorgue al pensionista la cantidad de 5.007,80 €/año repartidos en 14 pagas. Ello sale a un total de 357,70 €/mes o 417,32 €/mes en 12 pagas.

Cuesta creer que alguien pueda sobrevivir con dicho dinero y mucho menos recibir la atención que merece para tener una vida con un mínimo de dignidad.

Y ello sin contar con los actuales baremos de la Ley de la Dependencia y otras ayudas irrisorias las cuales muchas son incompatibles unas con otras.
Y no tan solo eso sino que encima el Estado deteriora la atención actuando sobre los profesionales, entidades y recursos al recortar sus presupuestos o al aniquilarlos.

Lo mismo han hecho con el sistema educativo, el judicial, el de la sanidad, etc.

Recorte en gastos de personal, aumento de las exigencias laborales, obligación de recortar en los apartados presupuestarios de cantidad y calidad de servicios prestados de los diferentes recursos asistenciales existentes. Deterioro de la calidad.

Y la gran pregunta que se me sugiere al pensar en todo ello: ¿dónde se encuentra la línea en el siglo XXI que separa el concepto de derechos básicos con el de despilfarro?

Porque si la respuesta es una comparación temporal del tipo: hoy día viven mucho mejor que hace 30 años, es que alguien usa la demagogia para justificar lo injustificable.

Dicha comparación sería parecida a que para ahorrar gastos se volviera a los años ’70 u ’80 en el tema de la locomoción, donde se suprimieran todos los avances tecnológicos que van incorporados “de serie” en los nuevos vehículos. Seguro que entonces un coche valdría casi la mitad: sin airbags, sin dirección asistida, sin cinturones atrás, sin retrovisor derecho, sin ABS y otro montón de siglas, etc.

¿Ello pareciera lógico? No, ¿verdad?

Entonces, ¿cómo puede parecer lógico que volvamos a un presupuesto equivalente a un nivel de atención de hace 30 o 40 años?

Otra pregunta que me hago: ¿Por qué es más necesario mantener un ministerio de defensa por encima de los sistemas socio-sanitarios? o ¿Por qué es necesario mantener un Gobierno tan recargado, de estilo rococó, como el que mantenemos en detrimento de la salud integral de los ciudadanos más desfavorecidos?

¿De qué se ha de defender España? ¿Del noroeste de África? Porque otra justificación no entiendo. En un modelo europeo, con la OTAN habría de ser suficiente o, si quieren, con un ejército europeo que valdría mucho menos de mantener.

Pero no, hay que quitar a los que menos se pueden quejar y ha de ser el pueblo quien mantenga los desaguisados del Estado.

Las personas con dependencia pasarán, de seguir así, a depender de la buena voluntad del resto de la población. Ello acribilla los derechos humanos.

En un estado democrático y desarrollado, los derechos humanos más básicos corren a cargo de todos como deber y es el Estado quien lo dice así. Con ello se garantiza que las personas discapacitadas reciban un trato acorde con el concepto de salud integral que la define como un grado de satisfacción a partir de la ausencia de enfermedad (trastorno, déficit).

Si ha de ser la gente quien con su buena voluntad colabore con que la salud en dicha población discapacitada sea mínima, el Gobierno no estará cumpliendo con su cometido en relación a dichos derechos humanos. Ello habría de no ser posible pero resulta que es real y actual.

Socavar el bienestar de los más desfavorecidos es mandarlos a la marginalidad. De la misma manera que socavar la sanidad es aumentar la morbilidad (sufrimiento, enfermedad) y mortalidad de los ciudadanos; sobre todo de los menos pudientes ya que ellos no pueden hacer el sobre-esfuerzo económico de ir por el sistema privado. Dicho sea de paso, los más económicamente favorecidos también tienen derecho a la sanidad, educación, justicia, etc. públicos ya que pagan sus impuestos. De la misma manera que socavar la educación lo cual conducirá indefectiblemente a una menor capacidad intelectual del país. O el judicial el cual implica que los menos favorecidos a nivel económico se queden sin el concepto de justicia universal y gratuita; si antes era difícil que una persona de clase media pudiera derrotar en pleito a una de clase media alta, ahora la cosa será imposible por los costes a soportar.

Y encima, cuidado no critiques o pongas el dedo en la llaga al Gobierno porque entonces te amenazan de manera subrepticia en que te cierran o te quitan la subvención. El Gobierno no acepta críticas.

En fin, cuando lo avatares obligan a mi familia a recortar en gastos, lo primero que eliminamos son los superfluos o prescindibles, no los básicos.

Los gobernantes que actúan así, no quieren a su pueblo. Olvidaron lo que significa democracia y olvidaron para qué y por qué están en el poder: para representar al pueblo.

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